I.I Antecedentes

Mecanismo Nacional de Prevención

Estamos convencidos de que es deber de toda persona condenar el ejercicio de la tortura y el maltrato, al ser una violación grave a la dignidad humana. Y a pesar de ello, esta lastimosa práctica sigue presente en el mundo.

Por ello, y con la finalidad de reforzar la lucha contra la tortura, la Organización de las Naciones Unidas, mediante la Resolución de la Asamblea General 57/199 del 18 de diciembre de 2002, aprobó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En este instrumento internacional, se desarrolló una estrategia basada en la prevención, con el fin de evitar la tortura y malos tratos, en lugar de reaccionar después de que ha ocurrido. Este enfoque preventivo se lleva a cabo a través de la realización de visitas periódicas a lugares de privación de la libertad por los Mecanismos creados para ello, el Internacional y el Nacional, integrados por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, así como por el Mecanismo Nacional de Prevención designado por cada Estado Parte, mismos que permitirán las visitas y el libre acceso a toda la información relativa al trato de las personas privadas de su libertad y a las condiciones de su detención.

Nuestro país firmó el Protocolo Facultativo el 23 de septiembre de 2003, ratificado por el Senado el 11 de abril de 2005, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2006 y el 11 de julio de 2007; en tanto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acepta la invitación del Estado Mexicano para fungir como el Mecanismo Nacional de Prevención  de la Tortura de México (MNPT), iniciando así sus actividades.

Ahora bien, tuvieron que transcurrir 10 años a partir de que el Mecanismo Nacional de Prevención iniciara sus actividades para que el 26 de junio de 2017 se promulgara la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los delitos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en adelante Ley General; marcando un importante avance para lograr erradicar este flagelo gracias a un enfoque de prevención, investigación, sanción, atención y reparación del daño.

La Ley General es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional; con el objeto de establecer las competencias entre las autoridades para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; establece los tipos penales y sus sanciones; las reglas generales para su investigación, procesamiento, las normas aplicables en el caso de delitos vinculados; así como las medidas específicas de atención, ayuda, asistencia, protección integral y reparación para garantizar los derechos de las víctimas.

 De igual manera, acota que el delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, denuncia, noticia o vista de la autoridad judicial, es de carácter imprescriptible y determina el principio de responsabilidad penal del o los superiores jerárquicos por graves violaciones de derechos humanos cometidos por su personal subordinado, expresando que la obediencia no es causal de exclusión para la comisión del delito.

Asimismo, contempla que la o el funcionario presuntamente acusado de esa práctica, no puede intervenir con carácter de autoridad en el procedimiento penal en el que la víctima sea parte, a fin de evitar su interferencia, obstaculización o afectación en las investigaciones; implementa la creación de Fiscalías Especiales por Estado; del Registro Nacional como herramienta de investigación y de información estadística que incluirá los datos sobre todos los casos en los que se denuncie y se investigue la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; se podrá iniciar la investigación, persecución y sanción de dichos delitos cuando exista una sentencia o decisión de algún organismo internacional o una resolución de un órgano previsto en cualquier tratado internacional, en el que se determine la responsabilidad del Estado mexicano -por defecto u omisión- en la investigación, persecución o enjuiciamiento en casos de tortura y le da una importancia a los derechos de las víctimas, a través de medidas de ayuda, asistencia y atención a la reparación integral y a la protección de las personas.

En su Título Quinto, Capítulo Tercero la Ley General, trata de manera específica al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; como la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional, conforme al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Contempla su adscripción a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un área independiente de las Visitadurías que componen a la misma; la creación de un Comité Técnico conformado por el Presidente de la Comisión Nacional quien lo presidirá y cuatro personas expertas en la prevención de la tortura; establece la designación de un  Director Ejecutivo del Mecanismo Nacional de Prevención, quien coadyuvará en la coordinación de las actividades del Mecanismo Nacional, así como la emisión de  los diferentes tipos de informes que deberán elaborarse y presentarse a la autoridad.

Por otra parte, el Artículo Noveno Transitorio de la Ley General señala términos sobre diversas acciones que deberán cumplirse, por lo que es importante mencionar ya que en septiembre de 2017, se designó a la titular del Mecanismo Nacional; en diciembre de 2017 se emitió el Reglamento del Mecanismo Nacional, derogando el artículo 61 del Reglamento Interno de la CNDH; en abril de 2018, el pleno del Senado de la República aprobó la designación de los cuatro expertos para ocupar el cargo honorario del Comité Técnico del Mecanismo Nacional; en mayo de 2018, se realizó la instalación y primera sesión ordinaria del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención  de la Tortura y en octubre de 2018 se emitió Acuerdo del Comité Técnico del Mecanismo Nacional, mediante el cual se aprobaron los Lineamientos Generales relativos a las modalidades y procedimientos que deberán seguirse durante las visitas a los lugares de privación de la libertad y elaboración de informes.
 

A continuación se describe cómo están conformados dichos documentos normativos:


1.1 Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes



1.2 Reglamento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
 

 

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