III.I Informes de supervisión sobre lugares de detención e Internamiento y Recomendaciones 2018

El Artículo 81 de la Ley General, señala que el Mecanismo elaborará al menos tres tipos de informes: Supervisión, Seguimiento y Especiales; en razón a lo anterior durante el periodo que se informa, se elaboraron un total de 17; 11 informes de supervisión y seis de seguimiento, que se han dirigido tanto a autoridades federales, estatales como municipales.

En relación con dichos Informes se pueden mencionar los dirigidos a los estados de Campeche, Querétaro, Jalisco, Tabasco; a los Centros de Reinserción Social (CERESOS),  del Estado de Baja California; al Centro de Tratamiento para personas adolescentes en Ensenada, Baja California; al Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla , en la Ciudad de México;  a la Estación Migratoria de la Ciudad de México de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración “Las Agujas”; a los Centros de Reinserción Social Distritales y Regional en el Estado de Puebla; a Hospitales Psiquiátricos de los Estados y de la Federación; al Centro Modelo de Atención, Investigación y Capacitación, Casa Hogar para Niñas “Graciela Zubirán Villareal” , en la Ciudad de México y a lugares de privación de la libertad que dependen de la Procuraduría General de la República.


INFORMES DE SUPERVISIÓN:

A raíz de las visitas de supervisión realizadas por el Mecanismo Nacional durante el periodo que se informa, se emitieron 11 informes de supervisión, dos sobre los lugares de privación de libertad que dependen del Gobierno, Fiscalías y de los Ayuntamientos del Estado de Querétaro; dos al Gobierno, Fiscalías y Ayuntamientos del Estado de Jalisco; dos al Gobierno del Estado de Baja California; uno al Gobierno de la Ciudad de México; uno al Instituto Nacional de Migración; uno al Gobierno y Ayuntamientos del Estado de Puebla; uno al Secretario de Salud Federal; al Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, al Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y uno a cada uno de los Secretarios de Salud Estatales y uno más al Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia, haciendo de su conocimiento los factores de riesgo que requiere de su atención para prevenir la tortura y/o maltrato en los establecimientos bajo su competencia, así como sus recomendaciones.(ANEXO 22)
 

Debido a su importancia, a continuación, se presentan datos de los informes emitidos durante el periodo que se informa, el vínculo para ingresar al informe completo en la página de Internet de la CNDH y su anexo en donde se indican las situaciones de riesgo detectadas durante la visita de supervisión así como las recomendaciones emitidas por este Mecanismo Nacional.

Informe 1/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre lugares de Privación de Libertad que Dependen del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Emitido el 27 de marzo de 2018,dirigido al Gobernador y al Fiscal General del Estado de Querétaro.
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/1_2018.pdf     (ANEXO 23)
           
Informe 2/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre Lugares de Privación de Libertad que dependen de los HH. Ayuntamientos del Estado de Querétaro.
Emitido el 5 de abril de 2018, dirigidos a los Presidentes Municipales de Amealco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Pedro Escobedo, San Juan del Río, Santiago de Querétaro, Tequisquiapan y Toliman, todos del Estado de Querétaro.
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/2_2018.pdf        (ANEXO 24)

Informe 3/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre Lugares de Privación de Libertad que dependen de los HH. Ayuntamientos del Estado de Jalisco.
Emitido el 25 de abril de 2018, dirigido a los Presidentes Municipales de Atotonilco El Alto, Chapala, El Salto, Encarnación de Díaz, Guadalajara, Jalostotitlán, La Barca, Lagos de Moreno, Ocotlán, San Juan de los Lagos, Sayula, Teocaltiche, Tepatitlán de Morelos, Tequila, Tlaquepaque, Tonalá, Yahualica de González Gallo, Zapopan, Zapotlán El Grande y Zapotlanejo.
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/3_2018.pdf       (ANEXO 25)
 
Informe de Supervisión 4/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre Lugares de Privación de Libertad que dependen del Gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Jalisco.
Emitido el 27 de marzo de 2018, dirigido al Gobernador Constitucional y al Fiscal General ambos del Estado de Jalisco.
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/4_2018.pdf       (ANEXO 26)
 
Informe de Supervisión ISP-5/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los Centros de Reinserción Social del Estado de Baja California.
Emitido el 12 de junio de 2018, dirigido al Gobernador Constitucional del estado de Baja California.
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/5_2018.pdf   (ANEXO 27)

Informe de Supervisión ISP-6/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre el Centro de Tratamiento para personas adolescentes en Ensenada, Baja California.
Emitido el 12 de julio de 2018, dirigido al Gobernador Constitucional del Estado de Baja California.
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/6_2018.pdf      (ANEXO 28)
 
Informe de Supervisión ISP-7/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
Emitido el 31 de julio de 2018, dirigido al entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/7_2018.pdf       (ANEXO 29)
 
Informe de Supervisión ISP-8/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre la Estación Migratoria de la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración “Las Agujas”, en la Ciudad de México”.
Emitido el 3 de octubre de 2018, dirigido al Comisionado del Instituto Nacional de Migración.
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/8_2018.pdf     (ANEXO 30)

Informe de Supervisión ISP-9/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre Centros de Reinserción Social Distritales y Regional en el Estado de Puebla.
Emitido el 4 de octubre 2018, dirigido al Gobernador Constitucional y a los presidentes municipales de Acatlán de Osorio, Libres, San Pedro Cholula y Tepeaca, todos del Estado de Puebla.
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/9_2018.pdf   (ANEXO 31)

Informe de Supervisión ISP-10/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los Hospitales Psiquiátricos que dependen del Gobierno Federal y Estados de la República Mexicana.
Emitido el 29 de octubre de 2018, dirigido al Secretario de Salud Federal, al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y a los homólogos  de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas y al Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/10_2018.pdf  (ANEXO 32)
 
Informe de Supervisión ISP-11/2018 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación Casa Hogar para Niñas “Graciela Zubirán Villarreal”.
Emitido el 29 de octubre de 2018, dirigido al Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/PrevTortura/11_2018.pdf (ANEXO 33)
 

La emisión de dichos informes,  nos permitió hacerle llegar a las autoridades responsables de los lugares de detención visitados durante 2018, una serie de recomendaciones, encaminadas a prevenir la tortura y malos tratos y así mejorar la situación en las que se encuentran las personas privadas de la libertad de dichos lugares; entre las cuales destacan las siguientes:

  • Se giren instrucciones para garantizar que las personas privadas de la libertad sean tratadas con el debido respeto a su dignidad, así como para evitar maltrato. Siendo necesario también la capacitación de personal de seguridad y custodia.
  • Se realicen las gestiones pertinentes para que los lugares de privación de libertad, reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene necesarias para garantizar una estancia digna y segura, particularmente para que cuenten con planchas para dormir y colchonetas; ventilación e iluminación suficientes; instalaciones sanitarias en adecuadas condiciones de funcionamiento que permitan satisfacer las necesidades fisiológicas, y se garantice el suministro de agua para cubrir los requerimientos individuales.
  • Se realicen las acciones necesarias para que las mujeres detenidas que sean puestas a disposición de las Fiscalías del Ministerio Público, sean alojadas en instalaciones exclusivas para ellas y completamente separadas de las que ocupan los hombres.
  • Previa evaluación de las necesidades en materia de seguridad, se determine y, de ser el caso, se asigne el número de elementos de seguridad suficiente y necesario para su funcionamiento, mantener el orden y la disciplina, para garantizar y resguardar la integridad física de las personas privadas de la libertad, de quienes laboran en el establecimiento y de los visitantes
  • Realizar de inmediato las acciones pertinentes para garantizar que todas las personas privadas de la libertad, reciban alimentos cuyo valor nutritivo y cantidad, sea suficiente para el mantenimiento de su salud, y que, conforme a la normatividad nacional e internacional, tengan un lugar digno para el consumo de los alimentos.
  • Que todos los internos dispongan, de tiempo para actividades físicas y/o deportivas al aire libre; sin menoscabo de las medidas de seguridad que se deban implementar en estos casos pues, los encierros por lapsos prolongados constituyen una forma de trato cruel, inhumano o degradante y son contrarios a la reinserción social.
  • Revisar el marco normativo, en particular el reglamento interno, a fin de actualizarlo y armonizarlo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como implementar las medidas necesarias para elaborar los manuales de procedimientos y registros. Asimismo, generar una estrategia de difusión que permita a todas las personas privadas de la libertad, conocer el contenido y alcance del reglamento interior que rige al centro penitenciario.
  • Realizar una evaluación sobre los requerimientos del Centro, para que todas las personas privadas de la libertad tengan acceso a las actividades de carácter laboral, de capacitación, educativas y deportivas necesarias para alcanzar el objetivo de reinserción social establecido en la Constitución. De igual manera, realizar las gestiones necesarias para la contratación del personal de las áreas técnicas y la celebración de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas que, en su caso, estén en posibilidad de coadyuvar con esa tarea.
  • Hacer las modificaciones y adaptaciones o en su caso la reubicación física, que faciliten el acceso y el libre desplazamiento de las personas con discapacidad física o en su caso personas mayores. 
  • Que el personal directivo, técnico, jurídico y de seguridad y custodia, participen en los cursos de derechos humanos y aplicación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
  • Que el personal médico que presta sus servicios en el Centro, reciba capacitación de conformidad con el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, “Protocolo de Estambul”.
  • Que durante el tiempo que dure la sanción disciplinaria no se les suspenda el programa personalizado de ejecución al adolescente.
  • De manera urgente y en un término no mayor a 15 días, a la notificación del presente informe, se tomen las medidas necesarias, para que se garantice el suministro de agua en condiciones de potabilidad para satisfacer los requerimientos necesarios de las internas y de los menores que viven con ellas.
  • Que los servidores públicos que conozcan de un acto de maltrato o tortura que sufra una persona durante la detención o mientras permanece privada de la libertad, de inmediato lo hagan del conocimiento del Ministerio Público, tal como lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal y el artículo 30 de la Ley General.
  • No imponer sanciones disciplinarias acumulativas, así como las consistentes en aislamiento o la suspensión a recibir visita íntima y familiar, de salir al patio, de realizar actividades, laborales, educativas y deportivas. Garantizar que las personas sancionadas reciban atención de las áreas técnicas. Asimismo, se debe de hacer del conocimiento al momento de notificar la resolución a las personas privadas de la libertad, el derecho que tienen a impugnar ante el Juez de Ejecución, durante los tres días siguientes, las resoluciones del Comité Técnico, en base al artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
  • Que se elaboren programas para prevenir y atender incidentes violentos. Además, un Programa de prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes que incluya el mecanismo de denuncia y seguimiento.
  • Se realicen las acciones necesarias para que las personas privadas de la libertad procesadas y sentenciadas que se encuentren en los centros distritales o regionales visitados en el Estado de Puebla; sean trasladadas a la brevedad posible a los establecimientos penitenciarios estatales más cercanos a su domicilio; manteniendo  el objetivo de las cárceles municipales como centros  para el cumplimiento de sanciones administrativas, de conformidad con lo señalado en los  artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la Recomendación General No. 28, sobre la reclusión irregular en las cárceles municipales y distritales de la República Mexicana, del 13 de septiembre de 2016.
  • Garantizar que la práctica del aislamiento, no se realice bajo ninguna circunstancia en los hospitales psiquiátricos.
  • Garantizar el derecho de los pacientes a decidir libremente si se somete a un tratamiento médico, toda vez que es necesario que exista previamente un consentimiento informado, el cual debe ser obtenido sin amenazas ni persuasión indebida, después de proporcionar al paciente, o a quien sea responsable de él, la información adecuada y comprensible, en una forma y en un lenguaje que pueda comprender, acerca del diagnóstico y su evaluación, el propósito, el método, la duración probable y los beneficios que se espera obtener del tratamiento propuesto; las demás modalidades posibles de tratamiento, así como los dolores o incomodidades posibles, los riesgos y secuelas del mismo; es importante que cuando el usuario recupere la capacidad de decisión y sus condiciones lo permiten, el personal médico le informe de la situación de internamiento para que, en su caso, otorgue el consentimiento y su estado cambie al de ingreso voluntario.
  • Adoptar las medidas correspondientes para la adecuada integración de los expedientes clínicos de los usuarios, en cumplimiento con lo estipulado en la NOM-004-SSA3-2012, particularmente con la historia clínica debidamente integrada, consentimientos informados en un lenguaje claro, correspondiente al tipo de ingreso y terapéutica, así como registros específicos de área médica y enfermería.
  • Dotar a las instituciones de un adecuado abastecimiento de medicamentos de cuadro básico y psicofármacos, cubriendo los requerimientos de la población hospitalizada y de seguimiento por consulta externa, evitando así el cambio de esquema terapéutico, para un mejor apego al tratamiento. Además, promover en los centros asistenciales, campañas de vacunación, educación y prevención, con la finalidad de proporcionar a los usuarios la adecuada protección de su salud.
  • Exista, previo a la aplicación de la terapia electro convulsiva, un consentimiento informado; además, un procedimiento normado con estricto apego a manuales y normativa nacional e internacional aplicable; ejecutado en instalaciones adecuadas, por personal competente en la materia y capacitado, así como con todas las medidas necesarias para garantizar el adecuado estado de salud de los usuarios.
  • Promover la formación de Comités Ciudadanos de Apoyo en las Unidades de Atención Integrales Hospitalaria Médico-Psiquiátricas, de acuerdo al apéndice A Informativo, de la NOM- 025-SSA2-2014, con el objetivo de reforzar las actividades de rehabilitación psicosocial, en la esfera cognoscitiva, conductual, afectiva y psicomotriz, de acuerdo a las características, funciones, nivel de atención y posibilidades de los hospitales visitados.
Herramientas para accesibilidad